Desarrollo y Regulación de los Servicios Públicos en Costa Rica es un libro del escritor costarricense Percy Rodríguez Argüello, publicado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de Costa Rica - ARESEP en setiembre del año 2000. Se trata de una obra de carácter histórico que plantea la evolución de los servicios públicos en Costa Rica y su regulación, especialmente la historia los más importantes, como son suministro eléctrico, telecomunicaciones, combustibles, acueductos y alcantarillados.
Bajo el auspicio e iniciativa de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, esta obra da a conocer cómo se ha defendido históricamente la regulación de los servicios públicos, quiénes la han hecho y cómo surgió el organismo regulador de los servicios públicos en este país de América Central. El libro analiza toda la legislación regulatoria y las actas del SNE y la ARESEP, explicando la forma en que las mencionadas leyes fueron aplicadas.
Estructura[]
Capítulo I. Orígenes históricos de los servicios públicos en Costa Rica (1928-1940).[]
La obra comienza con los antecedentes históricos de la evolución de los servicios públicos desde 1870. Aborda cómo desde la entronización del estado liberal en toda América Latina y mediante la Constitución de 1871 en Costa Rica, se establece un ordenamiento jurídico que garantizó las libertades individuales pero donde la regulación de los servicios públicos suministrados por empresas privadas era cuasi inexistente. El estado liberal otorgó a compañías con capital extranjero concesiones muy amplias a fin de mantener el equilibrio monetario y la estabilidad cambiaria del país.
El estado costarricense tuvo así la posibilidad de emprender un conjunto de medidas para satisfacer diversas áreas del servicio público: acueductos, alumbrado, electrificación, vías de comunicación y saneamiento. No obstante, las obras de modernización, especialmente en alumbrado y transporte eléctrico (tranvía y ferrocarril), generaron luchas entre las compañías eléctricas por la obtención de concesiones y el ofrecimiento de servicios públicos poco regulados. El negocio eléctrico sumamente lucrativo, hizo que las compañías extranjeras adquirieran las concesiones y compañías -hasta ese momento- en manos de costarricenses. Finalmente, se explica el surgimiento de la nacionalización de las fuerzas hidráulicas a raíz de la lucha de los movimientos nacionalistas, que culminó con la primera normativa jurídica para regularlos bajo “el dominio, gobierno y vigilancia del estado” y con la creación del Servicio Nacional de Electricidad (SNE); mediante el que el Estado ejerció su gobierno, aprovechamiento y supervigilancia.
Capítulo II. La nueva concepción de la regulación en el tránsito del Estado Liberal al Estado Interventor: 1941-1948.[]
Esta parte está dedicada al análisis de la filosofía de la regulación de los servicios públicos en el tránsito del Estado Liberal al Estado Intervencionista (1941-1948). Planteá que el SNE producto en parte de la filosofía liberal, se encontraba carente de facultades para solucionar el largo y grave problema que el asunto eléctrico generó sobre la sociedad costarricense. La Administración Calderón Guardia negoció el contrato mediante el cual las tres compañías pasaban a unir sus bienes, concesiones y derechos conformando una “Compañía Sucesora”, que luego se conoció con el nombre de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) dividida en tres departamentos: teléfonos, electricidad y tranvía.
La conquista regulatoria más importante fue que en forma extensa el Contrato Eléctrico de 1941 reguló las relaciones entre la Compañía y sus abonados, otorgándole al SNE la facultad de intervenir en todos los casos en que surgieran dificultades entre ellos.
Capítulo III. Un Servicio Nacional de Electricidad facilitador del desarrollo nacional: 1949-1969.[]
En este apartado se estudia al órgano regulador como facilitador del desarrollo nacional (1949-1970) y del desarrollo eléctrico del alumbrado público y los acueductos en todos los cantones del país.
Este período está caracterizado por la aparición de instituciones descentralizadas y reguladas por el SNE, lo cual fue único a nivel mundial tales como el ICE, AyA, Juntas Administradoras del servicio eléctrico en Alajuela, Cartago y Heredia y las Cooperativas Eléctricas (COOPELESCA en San Carlos, COOPEGUANACASTE en la en ínsula de Nicoya, COOPEALFARORUIZ en el cantón alajuelense del mismo nombre y COOPESANTOS en Tarrazú, Dota y León Cortés) y por una mejora en las relaciones con la CNFL que generó la compra de la mayoría de sus acciones en 1968, la de su sistema telefónico en 1963 y la creación del Sistema Nacional Interconectado.
La transferencia de algunos activos del SNE al ICE, como sus plantas, y hasta las mesas y sillas que ocupaba la Junta Directiva del Servicio para sesionar, unido a las concesiones al ICE en detrimento de la CNFL y la activa participación en la búsqueda, negociación y firma de préstamos internacionales para el ICE en energía y telecomunicaciones, representan claros indicadores de un SNE como impulsor del Instituto Costarricense de Electricidad.
Capítulo IV. Un Servicio Nacional de Electricidad en períodos de crisis y ajuste nacional: 1970-1990.[]
Este episodio analiza los proyectos de ley que buscaron modernizar al SNE y al régimen regulatorio en el período. Estudia las principales funciones de los departamentos del SNE en el contexto de los años setenta, caracterizados por la finalización del financiamiento de la “era kennediana” para el desarrollo en energía y telecomunicaciones y con una serie de crisis internacionales (1973-74/1978-79) que generaron inflación, devaluación, escasez y carestía de recursos para el Estado, endeudamiento y aumento de precios y tarifas de los principales servicios públicos.
El agotamiento del modelo de desarrollo industrial propugnado por el Estado Intervencionista y la crisis del Estado Empresario, aunado al déficit fiscal y la contracción en la balanza comercial, provocó que el Estado no lograra responder a la cantidad y calidad de los servicios solicitados en agua, alcantarillado y vivienda, saturados por las consecuencias del llamado “boom demográfico” que experimentó el país y que fue uno de los más altos del mundo en crecimiento poblacional. Las inconsistencias que en materia tarifaria caracterizó al gobierno de 1978-1982, hizo que en el período de crisis se buscara en el SNE un apoyo técnico más eficiente para la fijación de los precios de los combustibles y derivados del petróleo que importa, produce y distribuye RECOPE, la fijación de márgenes de las estaciones de servicio y transportistas de combustibles, la fijación de tarifas al transporte público remunerado y la fijación de las tarifas de riego y avenamiento, eliminándose la manipulación política y el control sobre los precios de éstos.
En la década del ochenta y casi con un espíritu mediatizado tal vez por los planes de ajuste estructural del Estado y en el contexto del cierre de instituciones públicas y el despido de empleados, pareció que el órgano regulador era innecesario en la sociedad nacional. Los estados latinoamericanos realizaban importantes esfuerzos por disminuir la inflación, el gasto público y restablecer el crecimiento, inclinándose por las soluciones de aperturas de mercado, que exigían el desmantelamiento de las instituciones del proteccionismo y el estatismo. Uno de los mecanismos fue la desregularización del sector público y privado y ahí debe enmarcarse el cuestionamiento al SNE en esta la década. No obstante, con el fenómeno de la globalización acontecido tras el simbolismo de la caída del Muro de Berlín en 1989 y de la Rusia Soviética en 1992, se observó ante la mayor participación de la empresa privada, que era necesario un árbitro que regulara la prestación de los servicios públicos, y que la sola o simple desregularización no era conveniente ni suficiente, dado que el mercado no regulaba eficientemente a las empresas prestatarias, que tradicionalmente se caracterizaron por su falta de interés en invertir en la mejora de los servicios y por su ansia en las alzas tarifarias para poder retribuir al capital invertido por sus accionistas.
En los años noventa comenzó la exigencia de los organismos financieros internacionales para que los estados latinoamericanos modernizaran la capacidad reguladora de los servicios públicos y condicionaron incluso los préstamos a la creación de organismos reguladores, donde no existieran o a transformar los existentes, que en general eran débiles por su dependencia o pertenencia al Gobierno Central.
Capítulo V. Globalización y cambios tecnológicos en la prestación de los servicios públicos: 1989-1990.[]
En este capítulo se plantea cómo a principios de los noventa se da una etapa de tránsito o ajuste a la globalización, caracterizada por la mejora en las condiciones sociales y la estabilidad macroeconómica. En el contexto de la inserción económica internacional, la reforma en la legislación y a la administración pública basada en la regulación de los servicios públicos adquiere sentido: es la modernización y fortalecimiento de la capacidad reguladora del Estado, como árbitro en las relaciones de mercado entre los prestatarios de los servicios públicos y los usuarios.
Capítulo VI. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en Costa Rica (ARESEP).[]
La última sección del libro analiza los principales fundamentos jurídicos de la Ley No. 7593 y los esfuerzos para mejorar la estructura organizativa del nuevo Ente en su desafío de regular energía, concesión de obra pública, telecomunicaciones, aguas, saneamiento ambiental, combustibles, transportes, atender a los usuarios y realizar las audiencias públicas.
